Tu comunidad trata datos personales: Qué exige la Ley 21.719 al administrador y al comité
Para administradores de condominios, empresas administradoras y comités de administración.
Un condominio no es una empresa, pero para la Ley de Protección de Datos Personales está en la misma posición que cualquier organización que maneje información de personas. Y una comunidad maneja bastante más de la que suele reconocerse.
Lo interesante es que esto no es una novedad que traiga la Ley 21.719. La propia Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria ya lo dice, y lo dice dos veces.
La Ley de Copropiedad ya lo decía
El artículo 16, al regular el registro de copropietarios y la citación a asamblea, cierra con una frase que conviene leer despacio:
«El administrador deberá mantener actualizado el registro de copropietarios del condominio, debiendo velar por la protección y resguardo de los datos personales.»
Y el artículo 20, al enumerar las funciones del administrador, va más lejos: al entregar información a la Secretaría Ejecutiva de Condominios debe hacerlo
«…resguardando los datos personales en virtud de la ley N° 19.628.»
Esa remisión es la clave. La Ley N° 19.628 es exactamente el cuerpo legal que la Ley 21.719 reescribió por completo. Es decir: la obligación del administrador no cambia de norma, cambia de contenido. Lo que hasta ahora era un deber general de cuidado pasa a ser un catálogo concreto de exigencias, con una Agencia de Protección de Datos que fiscaliza y multa.
Qué datos maneja tu comunidad
Antes de hablar de obligaciones, conviene ver el inventario real. Esto es lo que hay en cualquier condominio, incluso uno pequeño:
| De dónde salen | Qué contienen |
| Registro de copropietarios (arts. 5°, 9° N° 6 y 16) | Nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono de copropietarios, arrendatarios, usufructuarios, comodatarios y demás ocupantes. |
| Gastos comunes y cobranza (art. 20 N° 4) | Estado de deuda por unidad, historial de pago y certificados. Son datos de obligaciones económicas, con reglas propias. |
| Libro de novedades y reclamos (art. 17) | Reclamos, solicitudes y conflictos entre vecinos, con nombre y unidad. |
| Conserjería y control de acceso | Registro de visitas, patentes, encomiendas y, cada vez más, huella o reconocimiento facial. |
| Cámaras en espacios comunes | Imagen de personas identificables, de forma continua. |
| Trabajadores del condominio | Contratos, liquidaciones y licencias médicas. Las licencias son datos de salud: categoría sensible. |
Un detalle que suele pasarse por alto: el registro del artículo 9° no es solo de propietarios. Incluye arrendatarios y ocupantes por cualquier título, personas que muchas veces nunca entregaron sus datos a la comunidad de forma directa y que igual tienen derechos sobre ellos.
¿Quién responde: la comunidad o el administrador?
La ley de datos usa dos figuras: el responsable decide para qué y cómo se tratan los datos; el encargado los trata por cuenta del responsable y según sus instrucciones. En un condominio, qué datos se piden, para qué se usan y cuánto se guardan lo deciden la asamblea y el comité. La comunidad es la responsable, y la empresa administradora externa que ejecuta esa gestión actúa como encargada.
Eso no es una sutileza doctrinaria: el artículo 15 bis de la ley exige que esa relación conste en un contrato que fije objeto, duración, finalidad, tipo de datos y las obligaciones de cada parte. Y agrega dos reglas incómodas si nadie las miró: si el encargado excede el encargo responde solidariamente, y terminada la prestación debe devolver o suprimir los datos. Traducido: el administrador saliente no se queda con la base de la comunidad.
Cinco situaciones que conviene revisar
- La lista de morosos publicada en el hall o enviada al grupo de la comunidad. La deuda de gastos comunes es un dato de obligación económica y tiene reglas propias. Cobrar es legítimo; exponer a la persona ante todos los vecinos es otra cosa. El reglamento de copropiedad debería definir cómo se comunica la morosidad y a quién.
- El grupo de WhatsApp con el teléfono de todos. Nadie autorizó que su número quedara visible para ciento veinte personas. Conviene revisar si el canal de comunicación de la comunidad es el que se informó en el registro o uno paralelo que nadie reguló.
- Cámaras que enfocan la vereda o el acceso desde la vía pública. El monitoreo sistemático de una zona de acceso público obliga a realizar una Evaluación de Impacto antes de instalar el sistema (art. 15 ter). No hacerla cuando corresponde es infracción gravísima.
- Huella o reconocimiento facial para entrar al edificio. Son datos biométricos, con protección reforzada. El artículo 16 ter obliga a informar el sistema utilizado, la finalidad específica, el período de uso y cómo ejercer los derechos, y a contar con consentimiento expreso. Debe existir una alternativa para quien no autorice.
- El cambio de administrador. La Ley de Copropiedad obliga a entregar el archivo del condominio a quien suceda en el cargo. La ley de datos agrega la otra mitad: quien sale no puede conservar copia. Ese traspaso debería quedar documentado.
Qué hacer antes de diciembre de 2026
- Dejar por escrito quién es responsable y quién encargado, con las menciones del artículo 15 bis, en el contrato de administración.
- Incorporar un párrafo de datos personales en el reglamento de copropiedad. Muchas comunidades están actualizando su reglamento para adecuarlo a la Ley 21.442: es el momento natural para hacerlo, y evita una segunda asamblea.
- Informar qué datos se tratan, para qué y por cuánto tiempo, a copropietarios, arrendatarios y ocupantes.
- Habilitar un canal para ejercer derechos, con un responsable designado y respuesta dentro de 30 días corridos.
- Definir medidas de seguridad proporcionales: quién accede al registro, con qué clave, dónde está el respaldo y qué pasa si se pierde el computador de la administración.
- Fijar plazos de eliminación: cuándo se borran las grabaciones, el registro de visitas y los datos del arrendatario que ya se fue.
Una última comparación
Las sanciones de la Ley de Copropiedad se miden en unidades: el artículo 17 sanciona con multa de una a tres unidades tributarias mensuales. Las de la Ley de Protección de Datos se miden en miles: hasta 5.000 UTM las leves, 10.000 las graves y 20.000 las gravísimas.
No es para alarmar, es para dimensionar: conviene resolverlo ahora, mientras la comunidad está revisando su reglamento y sus contratos, y no cuando llegue el primer reclamo.
En CZ Abogados el área de Copropiedad y la de Protección de Datos trabajan esto en conjunto, para que la comunidad revise el proceso completo y no solo el documento. Si quieres saber en qué punto está tu comunidad, agenda con nuestro equipo en Agenda Reunión – CZ Abogados.
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