Decreto 662: nuevo Modelo de Prevención de Datos

Nuevo Reglamento de Protección de Datos: qué cambia para los Modelos de Prevención de Infracciones

Para directorios, gerencias generales, fiscalías internas y encargados de cumplimiento. 

 

El 9 de septiembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°662, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta los modelos de prevención de infracciones de la Ley N°]21.719 de Protección de Datos Personales. 

Hasta ahora el modelo existía en la ley como una posibilidad enunciada en unos pocos artículos. Desde su publicación tiene procedimiento: cómo se implementa, cómo se certifica, cómo se inscribe y cómo se supervisa. Eso es lo que cambia. 

Qué había antes y qué hay ahora 

Lo que ya decía la ley  Lo que agrega el reglamento 
Los elementos mínimos del programa, enunciados en el artículo 49.  Esos mismos elementos, desarrollados uno por uno, con el contenido exigible de cada uno. 
Que la Agencia certifica el modelo.  El procedimiento: se inicia a solicitud del interesado, se rige por la Ley N°19.880, y el certificado dura tres años renovables. 
Que existe el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento.  Qué se inscribe, con fecha de incorporación y de vencimiento, y acceso público a los certificados. 
—  Causales de término de la certificación, facultades de supervisión y reglas de revocación. 
—  La obligación de incorporar la regulación interna del programa a los contratos de trabajo y al reglamento interno. 

 

Voluntario, pero no opcional 

Adoptar el modelo sigue siendo voluntario, y el propio reglamento se encarga de precisar el alcance de esa voluntariedad en su artículo 1°: “La adopción e implementación de un programa de cumplimiento no obstará al deber de todos los responsables de datos de adoptar acciones destinadas a prevenir la comisión de las infracciones establecidas en la ley N°19.628.” 

Lo voluntario es certificarse. El deber de prevenir no lo es. 

Y para quien sí decide certificarse, el efecto es concreto: el cumplimiento diligente de los deberes de dirección y supervisión, acreditado mediante el certificado, opera como circunstancia atenuante en un procedimiento sancionatorio. Con multas que llegan a 20.000 UTM en las infracciones gravísimas, esa atenuante deja de ser un detalle. A eso se suma la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, que es público: para muchas empresas vale tanto como la atenuante. 

 

Qué debe contener el programa 

El artículo 3° fija ocho elementos mínimos: 

  • Individualización del responsable de datos y de su representante legal. 
  • Designación del delegado de protección de datos, con sus medios y facultades definidos. 
  • Caracterización de los datos tratados y de las operaciones de tratamiento, con base de licitud, destinatarios, transferencias internacionales, plazos de supresión y existencia de perfilamiento. 
  • Identificación de las actividades y procesos de riesgo, y su matriz de riesgos. 
  • Protocolos y procedimientos específicos, proporcionales al tamaño y a la realidad de la empresa. 
  • Mecanismos de reporte interno, de reporte a la Agencia y de autodenuncia. 
  • Sanciones administrativas internas y su procedimiento. 
  • Canal de denuncia interna ante el delegado, con reserva de identidad. 

 

Lo que casi ninguna empresa tiene hoy 

De esa lista, cuatro exigencias aparecen sistemáticamente ausentes en los diagnósticos: 

  • Un delegado designado por el directorio. No por la gerencia de TI ni por Legal. El reglamento exige que lo designe la máxima autoridad directiva —el directorio, un socio administrador o la máxima autoridad de la entidad— y que le rinda cuenta directamente a ella. Debe tener autonomía y no puede supervisar actividades que él mismo ejecuta. 
  • Una matriz de riesgos graduada según las sanciones. No cualquier matriz: el reglamento exige desarrollarla considerando la graduación de las sanciones que prevé la ley. 
  • El programa incorporado a los contratos. La regulación interna debe quedar como obligación en los contratos de trabajo y de prestación de servicios, incluidos los máximos cargos ejecutivos, y en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad cuando corresponda. 
  • Un canal de denuncia ante el delegado, con reserva de identidad y prohibición expresa de medidas desfavorables contra quien denuncia. 

 

Se puede empezar antes de que exista la Agencia 

El artículo 18 despeja la excusa más común: la implementación del modelo puede iniciarse con anterioridad a que la Agencia incorpore a la entidad al Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento. 

Y eso importa por el calendario. La ley entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. El proyecto del Ejecutivo que propone correrla a 2027 sigue en primer trámite en el Senado (Boletín N°18.623-07), de modo que la fecha exigible no ha cambiado. Y la Agencia recién se está instalando: construir un programa de cumplimiento toma meses de trabajo con las áreas, mientras que certificarlo, cuando haya a quién pedírselo, toma bastante menos si el programa ya está armado. 

 

Por dónde partir 

El modelo de prevención no se redacta: se construye sobre lo que la empresa efectivamente hace con los datos. Por eso el primer paso sigue siendo el mismo, un diagnóstico del ciclo del dato, y recién después la decisión de si conviene certificar. 

En CZ Abogados implementamos modelos de prevención de infracciones con ese orden: diagnóstico, matriz de riesgos, designación y habilitación del delegado, protocolos por área y bajada a contratos. Si quieres evaluar si a tu empresa le conviene certificar, conversemos. 

 

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Paulina Zamora V.
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