El Desafío de Implementar Políticas y Protocolos en las Empresas tras la Ley 21.595

Desde la publicación y entrada en vigencia de la Ley 21.595, conocida como Ley de Delitos Económicos, las organizaciones han debido replantear su forma de trabajar y gestionar los riesgos internos. Para nosotros, como asesores, este periodo ha significado un aprendizaje constante respecto de cómo operan las distintas empresas, sus diferencias según el rubro y, sobre todo, la disposición real que muestran frente a los procesos de cumplimiento.

Uno de los mayores desafíos ha sido lograr la participación efectiva tanto de los colaboradores como de la administración, así como avanzar hacia una implementación que sea más que un mero cumplimiento formal. Y es justamente en este punto donde se observan diferencias notorias entre una administración comprometida y una que solo busca “cumplir con lo mínimo”.

En algunas empresas encontramos equipos directivos que no solo participan activamente de la implementación, sino que además aportan sugerencias, enriquecen las políticas entregadas y detallan los procesos internos con claridad. Esta colaboración facilita la correcta adopción de protocolos y genera una cultura organizacional basada en la transparencia y la prevención.

Por el contrario, también nos hemos topado con administraciones que, pese a declarar su voluntad de cumplir, muestran una participación mínima o meramente simbólica. Esto no solo retrasa el proceso, sino que además dificulta la integración del sistema de cumplimiento en la operación real de la empresa.

Para muchas empresas, implementar las políticas exigidas por la Ley 21.595 ha significado, en la práctica, comenzar “desde cero”. Si bien existen procesos internos, en la mayoría de los casos estos no están documentados, o bien se encuentran parcialmente desarrollados, sin controles finales que permitan verificar su correcta ejecución.

La ausencia de documentación, actualización o estandarización hace que los riesgos aumenten, y por lo mismo, se vuelve indispensable un proceso de acompañamiento que permita:

• Levantar y ordenar la información existente
• Documentar procesos
• Capacitar a los equipos involucrados
• Implementar controles internos
• Realizar pruebas, revisiones y mejoras constantes

La implementación de políticas y protocolos no es un trámite administrativo, es un proceso que involucra a toda la organización. Cuando uno de los colaboradores o un área completa no participa, la cadena se debilita y se rompe el flujo necesario para instalar una cultura de cumplimiento sostenible.

Por ello, la clave está en generar conciencia interna, es decir, comprender que el cumplimiento no es solo responsabilidad del área legal o de los encargados de cumplimiento, sino que es un esfuerzo colectivo que protege a la empresa, a sus trabajadores y a sus directivos.

La experiencia demuestra que la diferencia entre una implementación exitosa y una fallida depende, en gran medida, del compromiso real de quienes lideran la organización. La Ley 21.595 no solo exige cumplir, sino que impulsa a las empresas a revisar sus prácticas, ordenarse internamente y establecer procesos transparentes y controlados.

En CZ Abogados seguimos acompañando a empresas de todos los tamaños y rubros en este proceso, convencidos de que una implementación sólida no solo evita riesgos legales, sino que también fortalece la confianza, la eficiencia y la sostenibilidad de cada organización.

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