Fraude Electrónico Bancario: Corte Suprema Refuerza la Carga de Prueba del Banco
Un fallo reciente de la Corte Suprema vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que toda institución financiera enfrenta tarde o temprano: quién debe probar cuando un cliente asegura que nunca autorizó una transferencia. La respuesta que dio el máximo tribunal endurece el estándar exigido a los bancos en materia de fraude electrónico bancario y reduce el margen para trasladar el peso de la prueba al cliente afectado.
El caso: ocho transferencias, una llamada sospechosa y una demanda rechazada
El litigio se originó a partir de ocho transferencias fraudulentas, por un total de 12.926.058 pesos, ejecutadas a través de los canales y mecanismos de seguridad de un banco. Según los antecedentes del caso, el representante legal de la empresa afectada recibió una llamada de una persona que se identificó como ejecutiva del banco; el representante negó categóricamente haber entregado sus claves personales o la tarjeta de coordenadas.
El Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes rechazó en primera instancia la demanda del banco. La Corte de Apelaciones de Santiago revirtió esa decisión, trasladando a la empresa la exigencia de acreditar su propia diligencia. La empresa recurrió de queja ante la Corte Suprema en contra de las juezas de dicha Corte.
Qué resolvió la Corte Suprema sobre el fraude electrónico bancario
La Corte Suprema (rol 34.546-2025) acogió el recurso de queja, dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 706-2023) y restableció la sentencia de primera instancia, que había rechazado la demanda del banco.
El artículo 5 de la Ley N°20.009 y la carga de la prueba del banco
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley N°20.009, que regula la responsabilidad por el uso fraudulento de tarjetas y otros medios de pago electrónico, el emisor (el banco) solo se libera de responsabilidad si acredita dolo o culpa grave del usuario; no corresponde al cliente demostrar su propia diligencia. La Corte Suprema consideró que la Corte de Apelaciones invirtió esa carga probatoria, exigiendo a la empresa una prueba que la ley no le impone, y que omitió ponderar adecuadamente la negación categórica del representante legal respecto de la entrega de sus claves y de la tarjeta de coordenadas.
Qué implica este criterio para la banca
Para las instituciones financieras, el fallo confirma una tendencia consolidada de los tribunales superiores: no basta con acreditar que la operación fue autorizada mediante clave, token o tarjeta de coordenadas para dar por establecida la responsabilidad del cliente. El banco debe reconstruir la cadena completa de la operación (qué credenciales se usaron, cómo se obtuvieron, si existió suplantación de identidad) y probar, con evidencia específica, que el cliente actuó con dolo o con una negligencia grave, no con una simple imprudencia.
Como se revisa en nuestro contenido sobre litigios bancarios y protección de clientes financieros, la estrategia probatoria de la banca frente a reclamos de fraude electrónico debe construirse desde el primer reporte del incidente, no desde la contestación de la demanda.
Recomendaciones prácticas para instituciones financieras
Primero, reforzar el registro forense de cada transacción impugnada: horarios, direcciones IP, dispositivos, canal utilizado y evidencia de los mecanismos de autenticación empleados, de modo que sea posible reconstruir la operación completa y no solo acreditar la existencia de una clave válida.
Segundo, documentar de forma contemporánea las alertas de fraude y los protocolos de contacto con el cliente, incluyendo confirmaciones por canales distintos al eventualmente comprometido, cuando se detecten operaciones inusuales.
Tercero, distinguir con precisión, en cada caso, entre negligencia leve (insuficiente para exonerar al banco conforme a la Ley N° 20.009) y dolo o culpa grave (el único estándar que exonera al emisor), evitando fundar la defensa institucional únicamente en la existencia de mecanismos de seguridad.
Cuarto, capacitar a las áreas de fraude y a los equipos legales para litigar con evidencia dirigida específicamente a la conducta del cliente, en lugar de argumentos generales sobre la solidez de la plataforma tecnológica del banco.
El mensaje de la Corte Suprema para la banca es directo: la seguridad tecnológica de una transacción no reemplaza la prueba jurídica de la conducta del cliente. Litigar fraudes electrónicos exige, cada vez con mayor exigencia, una estrategia probatoria construida desde el primer minuto del incidente.
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