Indemnización sin tope: el proyecto que redefine los costos de despido en Chile
El 3 de marzo de 2025, ingresó el Boletín N° 17.394‑13 a la Cámara de Diputados, con una propuesta que busca eliminar el tope actual de indemnización por años de servicio (11 meses) y avanzar hacia un esquema de “año trabajado, año pagado”. La Comisión de Trabajo ya aprobó el proyecto en general, pero aún está en primer trámite constitucional, con etapas pendientes como la votación particular, discusión por artículos y revisiones en ambas cámaras. En este estado, el proyecto dista de convertirse en ley (cámara.cl).
La indemnización por años de servicio, aunque diseñada como protección para el trabajador, es también una barrera importante tanto en despidos como en renuncias voluntarias. Además, constituye una de las principales causas de litigios: en 2020 se ingresaron 133.788 causas laborales, de las cuales 97.973 fueron demandas individuales. A esto se suman congestiones judiciales: el tiempo promedio para resolver se extendió desde 87 días en 2017, a 163 días en 2020 y 218 días en 2021 Diario Financiero.
Un informe de la Biblioteca del Congreso (junio 2025) muestra que otros países latinoamericanos permiten indemnizaciones sin tope, aunque con fórmulas diferentes. Sin embargo, en Chile este mecanismo está limitado y ahora se pretende eliminar ese límite. En paralelo, la OCDE aconseja reducir los costos de despido, fortalecer el seguro de cesantía y modernizar la capacitación laboral. Actualmente, nuestro país ya exhibe uno de los mayores costos de despido entre los miembros de la OCDE.
Un ejemplo de impacto: un trabajador con 20 años de servicio y sueldo mensual de $900.000 recibiría:
- Con tope actual: 11 años → $9.900.000
- Sin tope: 20 años → $18.000.000
- Diferencia: $8.100.000 por trabajador despedido.
Si se aplicara a 10.000 casos al año, la indemnización adicional alcanzaría $81.000 millones anuales.
Actualmente, el proyecto debe pasar por las siguientes etapas:
- Votación particular en Comisión.
- Discusión artículo por artículo.
- Dos rondas en Sala de Diputados.
- Trámite equivalente en el Senado.
- Revisión final por Comité.
Por lo tanto, aunque el cambio parece ganando impulso, aún no se traduce en una ley vigente.
Durante su tramitación, sería fundamental discutir:
- Establecer topes razonables (por ejemplo: 15–20 años trabajados) o períodos de transición.
- Cuantificar y evaluar el impacto en PYMEs, sectores vulnerables y empleo juvenil.
- Diseñar mecanismos alternativos, como:
- Fortalecimiento del seguro de cesantía.
- Capacitación e inserción laboral.
- Mediación obligatoria previa, para disminuir litigios.
- Ajustar mecanismos para reducir la congestión judicial, aliviando así la demanda laboral.
En síntesis, el Boletín N° 17.394‑13 abre camino a un sistema sin tope de indemnización, lo que podría significar un cambio único en la OCDE: un mes por año trabajado aplicado sin límites. Si bien responde a un principio de equidad, también implicaría un salto significativo en el costo laboral, especialmente relevante para PYMEs y la formalización juvenil. Además, dado su rol central en la generación de conflictos, la reforma debe acompasarse con herramientas que aseguren eficiencia, justicia y flexibilidad.
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